Andalusian government shows support for local fishermen

Financiará la modernización, pero también defenderá este sector tradicional en vista de los recortes de cuotas de pesca propuestos por la UE

El pasado 8 de diciembre, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Andalucía anunció que aportará hasta el 86% de la inversión total necesaria para modernizar 15 puertos pesqueros de la región sur de España. Esto se traduce en 8,2 millones de euros en subvenciones, que las autoridades creen que son necesarias para mejorar y hacer que este sector económico tradicional sea más resistente.

Y esto no es todo. A la luz de la reciente propuesta de la Comisión Europea de introducir recortes en las cuotas de pesca para 2022, el gobierno regional apoyará plenamente el manifiesto de protesta emitido por las asociaciones profesionales de pescadores. Andalucía instará a Madrid a defender los derechos económicos de los pescadores en la próxima cumbre de la UE que tendrá lugar del 13 al 14 de diciembre.

Una industria de alto valor emocional en muchas regiones costeras de Europa

La flota pesquera andaluza está formada por unas 1.500 embarcaciones, en las que trabajan más de 6.000 marineros y que desarrollan sus actividades desde 25 puertos. Cada año se desembarcan en la región alrededor de 55.000 toneladas de pescado y marisco, cuyo valor de venta supera los 170 millones de euros.

La resolución de la línea de ayudas anunciada incluye una serie de actuaciones que, por un lado, inciden en la implantación de medidas de economía circular y la mejora de los centros de comercialización en los puertos andaluces, y por otro, buscan ampliar y adecuar las infraestructuras de pesca, con el fin de facilitar el trabajo diario de la gente de mar.

"Más de 21.000 familias andaluzas dependen de la actividad pesquera y, ahora más que nunca, necesitan el respaldo de la Junta", ha declarado Carmen Crespo, la consejera de Agricultura de Andalucía, que aseguró que el gobierno "es el gran aliado" de los pescadores "en su objetivo de "garantizar su sostenibilidad social, económica y ambiental".

En este sentido, las autoridades miran más allá de la simple provisión de fondos y asumen el papel de defensores en un tema siempre muy emotivo para las comunidades costeras.

La ministra Crespo ha manifestado que había exigido al Gobierno nacional que “haga lo posible y lo imposible” para que Bruselas revierta su propuesta de más recortes de pesca. Los problemas se han agravado ya que durante los últimos dos años el sector pesquero ha experimentado una disminución en los días laborales debido a las restricciones pandémicas. Es más, la Comisión Europea ha decidido por primera vez restringir la pesca de gamba roja, que se considera una captura económica fundamental para la flota mediterránea.