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Este fue otorgado a una mujer que se infectó mientras trabajaba en un hogar de ancianos en la ciudad
El Juzgado Social 3 de la ciudad de Barcelona ha dictado la primera sentencia en España que reconoce la contracción del COVID-19 como enfermedad profesional. El beneficiario era un auxiliar de geriatría que trabajaba en la residencia de ancianos Bertran i Oriola y quedó temporalmente discapacitado entre el 29 de marzo y el 1 de mayo de 2020 por infección viral.
La noticia fue informada por Collectiu Ronda, el despacho de abogados que representó los intereses de la demandante en el asunto. La mujer solicitó el reconocimiento de la enfermedad COVID-19 como discapacidad y, por lo tanto, reclamó una indemnización a la Seguridad Social española (INSS) y a la empresa para la que trabajaba.
La sentencia recuerda que el Marco de Enfermedades Profesionales, vigente desde 2006, ya considera como riesgo laboral específico para los trabajadores, como los de las guarderías y los centros geriátricos, la exposición a enfermedades provocadas por agentes biológicos entre los que, y de forma explícita, cita virus pertenecientes a la familia de los coronavirus.
En el período comprendido entre el 27 de marzo y el 1 de abril de 2020, un total de 9 trabajadores de la residencia Bertran y Oriola (ubicada en el distrito de La Barceloneta) tuvieron que tomar una baja médica por contagio de Covid-19. Esto sucedió antes de junio de ese año, la Inspección de Trabajo abrió expediente sancionador contra la empresa gestora del asilo de ancianos.
Para Oriol Arechinolaza, abogado del Collectiu Ronda, ha resultado "triste y profundamente decepcionante tener que considerar esta sentencia como un gran hito, ya que en realidad denotaba, una vez más, la voluntad del INSS y los sindicatos de minimizar el manto protector de la Seguridad Social a la clase trabajadora. Este tema nunca debería haber llegado a los tribunales. Las regulaciones actuales establecen claramente que la infección por coronavirus es un riesgo ocupacional específico para el personal en hogares de ancianos".
Sin embargo, fue un otro sindicato, denominado co.bas (o Sindicato de Comisión de Base) el que apoyó la demanda, y expresó su esperanza de que esta resolución pionera abra la puerta a una verdadera avalancha de demandas y resoluciones favorables “a un grupo que ha sufrido desde la primera línea y en condiciones de máxima precariedad la exposición al Covid-19”.
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