The Balearic Islands have an energy transition plan ready

Se basa en seis pilares de rendimiento

La semana pasada, Francina Armengol, presidenta del Gobierno de las Illes Balears, presentó a las autoridades españolas el plan regional para la transición energética. El plan está financiado con 233 millones de euros del Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia y entre sus objetivos está el salto del 6% de producción renovable al 30% en 2026, así como la creación de 7.000 puestos de trabajo en el sector.

El plan de transición energética de la región está respaldado por seis programas de desempeño. En palabras, del presidente Armengol, supone "un salto cualitativo y cuantitativo fundamental para lograr una transición ecológica justa", que pone el acento en temas como "la lucha contra la pobreza energética" y hace una "firme apuesta por la implantación de las energías renovables, para proyectos de autoconsumo compartido, de movilidad sostenible o en la gestión del ciclo del agua”.

El Plan en más detalles

El primer programa está dedicado a la creación de cinco oficinas para impulsar la transición energética (6,5 millones de euros). Estas oficinas, que deberán cubrir todo el territorio de las islas, tienen la función de acompañar y orientar a ciudadanos, empresas y administraciones en la absorción de las ayudas, además de sensibilizar a la ciudadanía y conseguir que la transición energética sea inclusiva y por tanto llegue a todos capas de la sociedad.

Por otro lado, el segundo programa prevé la inversión en proyectos innovadores que puedan diversificar el modelo productivo (33,8 millones de euros), financiando aquellos proyectos que creen empleo estable y de calidad y estimulando el talento innovador.

La mayor movilización de recursos se destina a ayudas para el impulso de la transición energética. El objetivo es llegar a sectores no cubiertos por otras ayudas existentes y promover la generación de energía, el almacenamiento y la instalación de puntos de recarga de vehículos. Los beneficiarios pueden ser personas físicas, dando prioridad a los grupos vulnerables; empresas, favoreciendo especialmente a las pequeñas y medianas empresas, y la Administración Pública.

El tercer programa destina 70 millones de euros para afrontar los retos de la insularidad, con la financiación de más de 2.000 puntos de recarga alimentados con energía solar, la promoción de sistemas de alquiler compartido o la promoción del transporte colectivo en zonas de alto valor ambiental. También prevé acompañar la creación de zonas de bajas emisiones y actuaciones para descarbonizar el mar, impulsar la electrificación de hasta 20 puertos y promover la construcción de buques cero emisiones, entre otras actuaciones. Finalmente, incluye actuaciones de autoconsumo y almacenamiento en infraestructuras del ciclo del agua.

La transformación del modelo energético pretende ser socialmente justa. Por ello, el cuarto programa destina 30 millones de euros a impulsar proyectos integrales de autoconsumo en edificios con viviendas donde viven familias en situación de vulnerabilidad, entre otras actuaciones en las que también participan la Administración Pública y los grandes consumidores de energía.

El quinto programa destina 68 millones de euros a ayudas a la generación de energías renovables y da prioridad al suelo urbano, así como a la solarización de aparcamientos, sistemas de almacenamiento, la creación de comunidades energéticas y la mejora en la gestión de la red.

Finalmente, cabe destacar el compromiso con la transición energética de la Administración de la Comunidad Autónoma, establecido en el sexto programa.